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Participación Ciudadana y Paridad de Género

¿Qué es la proporcionalidad de género? Es tomar en cuenta en la representación de los órganos administrativos (que podrían ser órganos electorales o de entidades sin fines de lucro como las asociaciones civiles) del porcentaje del género de la masa de asociados o del padrón electoral.

Consorcios de Copropietarios

Los que alguna vez han vivido en una unidad sujeta al régimen de propiedad horizontal, saben los problemas, conflictos y desavenencias que implica la convivencia en este tipo de viviendas.

Todo este tipo de conflictos, lastimosamente por más mínimos que sean, deberán recurrirse a la instancia judicial o contravencional según el caso; desalentando a los afectados a utilizar esta vía por lo burocrático, engorroso, dilatorio y caro de este proceso. Volviéndose una vida tortuosa para muchos propietarios hasta que logran vender o deshacerse de su unidad privada.

Por eso, creemos que debiera haber una instancia administrativa previa, no solo de dirimir incumplimientos

Las DOs

El futuro de las simple asociaciones podría pasar en un futuro cercano por las DOs. Organizaciones Descentralizadas sin fines de lucro.

Imaginemos un contrato social de una simple asociación que ya tiene la virtud de no requerir la autorización del Estado para existir mientras posea un objeto lícito; y que dicho contrato asociativo incluyendo el estatuto social es traducido a un lenguaje de código informático que luego corre en una blockchain que permite la ejecución de contratos inteligentes (Smart Contracts).

La Proporcionalidad de Género

La paridad de género es un principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la representación política.

Este principio lo aplicó la IGJ, autoridad de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resoluciones 34/2020 y 35/2020 a las asociaciones civiles, simples asociaciones, sociedades y fundaciones.

Oposiciones a las Inscripciones ante el R.P.

La ley Nº I 66 orgánica de Personas Juridicas de la provincia de misiones en su artículo 7 establece:

«ARTÍCULO 7.- El conocimiento y decisión de las oposiciones a las   inscripciones que pueden existir, son de competencia judicial, sin perjuicio de las funciones registrales de la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. También son de competencia judicial las resoluciones de las gestiones que versan sobre derechos subjetivos de los socios de una sociedad entre sí y con respecto a la sociedad».

Las oposiciones a las que la ley hace referencia son diversas acciones de oposición que están contempladas en la ley Nº 19550, y que son acciones judiciales.