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La paridad de género es un principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la representación política.

Este principio lo aplicó la IGJ, autoridad de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resoluciones 34/2020 y 35/2020 a las asociaciones civiles, simples asociaciones, sociedades y fundaciones.

Esta norma obliga a incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos.

Centraremos nuestro análisis en la cuestión de fondo, y no en las cuestiones procesales de competencia.

Sin duda que se trata de una acción positiva para lograr eliminar la desigualdad de género en la participación de los órganos decisores y de fiscalización de las entidades. Sin embargo, consideramos en ciertos casos arbitraria y, en otros, ineficaz.

En lo que refiere a sociedades comerciales, creemos que esta acción positiva es arbitraria, puesto que se alza contra un antiguo principio de las sociedades comerciales, cual es el “animus societatis” o “affectio societatis”.

Sin duda que la visión o finalidad societaria que se consolida como causa para conformar una sociedad comercial tiene en cuenta otros valores subsumidos en el animus societatis, como ser la confianza, el aporte personal que hace cada socio con sus conocimientos, expertis, el aporte de capital. Todo ello no es patrimonio de un género determinado y mucho menos se logra en un perfecto equilibrio de paridad de género.

En cuanto a la aplicación en las entidades civiles, consideramos que es ineficaz, puesto que, si bien es un avance normativo, no representa la conformación de la masa de asociados y tampoco contempla a todos los géneros.

Exigir que los órganos administrativos estén compuestos en un 50 % de miembros femeninos o masculinos, en una entidad donde el 90 % o más es del género contrario, no nos parece lo más justo. Por ello, es que queremos exponer a continuación un concepto jurídico que consideramos superados al concepto de paridad de género.

Proporcionalidad de Género en los Órganos de Administración y Fiscalización

Como dijéramos en el punto anterior, la Inspección Gral. de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mediante una acción positiva, intentó eliminar la desigualdad (real) de un género en los órganos administrativos y de fiscalización.

Nos parece más apropiado la solución jurídica de la proporcionalidad de género, puesto que representa de manera más genuina a la masa de asociados.

Para su aplicación, sería necesario una ley, dado que se afectan derechos subjetivos y consideramos que la autoridad de aplicación no puede crear derechos, solo aplicarlos y reglamentarlos.

Nos preguntamos: “¿Qué sentido de justicia tiene obligar a la paridad de género a una asociación civil conformada por asociados en un 90 % del género contrario?”. Consideramos que la acción de “representar” de los órganos administrativos y de fiscalización es, en primer lugar, ser el fiel reflejo de los integrantes que la componen, eso incluye a su género.

Es por ello por lo que se torna más apropiado el concepto y principio jurídico de la proporcionalidad de género.

Esto no es otra cosa que establecer que la conformación de los órganos de administración y de fiscalización reflejen en idéntica proporción a la masa de asociados según su género.

Bastaría para su implementación que, previo a cada elección de autoridades, se confeccionara un padrón dividido por género, estableciendo los porcentajes de uno y otros, y estableciéndose que la elección de los representantes en esos órganos colegiados respete dicho porcentual.

Recordemos que, actualmente, la presentación del padrón con derecho a voto es una exigencia de la reglamentación, solo cambiaría la modalidad en que se presenta: “agrupadas por género”.

Esta solución disruptiva, también superaría la suposición de que solo tiene en cuenta a dos géneros: masculino y femenino, y contemplaría la posibilidad de la representatividad de otros géneros que en el futuro se puedan materializar como derechos a la identidad.