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El 3 de agosto de 2020 la Inspección Gral. de Justicia emitió una Resolución Nº 34/2020.

En la cual, las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones, las sociedades anónimas, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos.

Estas normas administrativas que adoptaron medidas de protección o discriminación “inversa” fueron dejadas sin efecto por la justicia, quien de todas maneras las considero con propósitos loables pero que alteraban la ley de sociedades comerciales.

A esto debemos destacar que quien se agravio fue una sociedad comercial y en esto es fallo de la cámara de apelaciones dijo que la regulación societaria tiene por norte, noel cuidado de los derechos de quienes administran o fiscalizan un ente de esa especie -en nuestro caso, los derechos de las mujeres que habrían de ser nombradas-, sino los de la sociedad destinataria de la gestión, los de sus socios y los de los terceros y esos derechos se protegen imponiendo a los integrantes de esos órganos obligaciones de medios, que, en tanto fundadas en la confianza que en ellos se tiene y en los estándares de lealtad y diligencia que se les imponen (art. 59, 274 y cc LGS), deben considerarse intuitu personae, todo lo cual, por lo menos, genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante.

La llamada “perspectiva de género” no impone siempre decidir a favor de la mujersino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo; y, si bien parece indudable que las “acciones positivas” ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de “preferir” al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional.

Sin entrar en el análisis profundo de género, sexo y orientación sexual; solo diremos que si bien es cierto la resolución de la I.G.J. no prosperó se afincó en otras normas de tipo electorales como la ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política; que a su vez tuvo como antecedente a la ley 24.012 de cupo femenino.

Volviendo al concepto objetivo de paridad de género en la representación política, notamos que el derecho que siempre debe tener la virtud de recoger los cambios y evoluciones culturales de una nación, ha afianzado su plena aplicación sin grandes sobresaltos en todo el territorio de la república argentina.

Lo que nos proponemos humildemente es claramente descartar la aplicación de paridad de género en las sociedades comerciales donde el animus societatis no tiene en cuenta el género o sexo de los accionistas y de quienes administran dichas entidades conformadas con una clara y evidente finalidad lucrativa. Vale decir que el animo de lucro no escatima en analizar variables como el sexo o género para la implementación de sus acciones.

Pero, sin embargo, esto se nos ocurre que si podría ser aplicado en entidades sin fines de lucro, sobre todo aquellas que se crean con la asociatividad pura y simple, donde ningún integrante, aunque sea fundador puede creerse dueño o con mayores derechos de los demás.

Por lo tanto, creemos que si la I.G.J, hubiera limitado únicamente la aplicación de su norma a las asociaciones civiles, (por ejemplo) el resultado hubiere sido otro muy distinto. Y creemos que ese es el camino.

Ahora bien, se nos ocurre una evolución más, a lo que comenzó siendo la causa de las luchas femeninas por sus derechos como género, recordemos que en esa evolución no fue sino hasta el año 1947 en que se sanciona la ley que otorga el derecho al sufragio a la mujer.

Esta nueva evolución va mas allá de la paridad de género y pretende corregir aspectos que se evidencian en su aplicación los cuales son: a) La paridad impone cupos rígidos y que muchas veces no se compadecen con la realidad social; b) solo considera al sexo de las personas (sistema binario) y no al género que si incluiría al género no binario y en un futuro quizás también pueda incluir a colectivos de LGTBIQ+.

Es por ello que proponemos el estudio social, jurídico y normativo de la aplicación de la perspectiva de género con “La Proporcionalidad de Género”.

¿Qué es la proporcionalidad de género? Es tomar en cuenta en la representación de los órganos administrativos (que podrían ser órganos electorales o de entidades sin fines de lucro como las asociaciones civiles) del porcentaje del género de la masa de asociados o del padrón electoral.