En la provincia de Misiones, dos sectores fundamentales enfrentan una crisis estructural que pone en jaque su viabilidad económica: los pequeños productores yerbateros y los abogados. Aunque en apariencia pertenecen a mundos diferentes, comparten una problemática común: un mercado saturado y la urgente necesidad de reconversión. Sin embargo, mientras los productores de yerba han dependido tradicionalmente de la intervención del Estado para fijar un precio mínimo de la hoja verde, actualmente el INYM ha desregulado el precio, llevando al sector a una crisis aún mayor. Por otro lado, los abogados deben sobrevivir en un mercado donde, aunque existen honorarios mínimos regulados, la sobreoferta hace que nadie los respete y muchos ni siquiera lleguen a ganar el 50% de la canasta básica, a pesar de haber realizado una gran inversión en tiempo y educación universitaria.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Por qué el Estado debe garantizar un precio para los yerbateros y no garantiza y regula eficazmente la situación de los abogados?
Dos sectores en crisis
1. Los 12.000 pequeños productores yerbateros
La producción yerbatera en Misiones es dominada por miles de pequeños productores que enfrentan un escenario desafiante:
- Sobreproducción: el mercado está saturado de materia prima, lo que reduce los precios que reciben los productores.
- Desregulación del INYM: la eliminación del precio mínimo de la hoja verde ha dejado a los pequeños productores en una posición de debilidad frente a los grandes molinos.
- Falta de reconversión: muchos productores siguen con métodos tradicionales y no diversifican su producción, limitando su rentabilidad.
Ante este panorama, los yerbateros han dependido históricamente de la intervención estatal, pero ahora se ven obligados a buscar alternativas para sostenerse sin ese respaldo.
2. Los 5.000 abogados matriculados (y muchos más sin matricularse)
El mundo de la abogacía en Misiones no es muy distinto:
- Saturación del mercado: hay más abogados que demanda de servicios legales, lo que provoca una caída en los honorarios. Según el presidente del colegio de abogados de Misiones, juran entre 300 y 400 nuevos abogados anualmente. Existen más de 3500 abogados activos que luchan por sobrevivir. Cinco centros de Estudios universitarios locales, más la posibilidad de estudio online son también el fundamento de tamaña saturación de la que pocos hablan.
- Regulación ineficaz: si bien existen honorarios mínimos establecidos, nadie los respeta debido a la sobreoferta, lo que hace que muchos abogados cobren por debajo de los valores recomendados.
- Precarización: muchos abogados no logran ganar ni siquiera el equivalente a una canasta básica y deben buscar otras ocupaciones. Un abogado junior si es que consigue trabajo, gana en promedio menos de $ 500.000 mensuales.
- Necesidad de reconversión: el avance de la inteligencia artificial y la automatización amenaza con eliminar gran parte de las tareas rutinarias del derecho, dejando sin empleo a miles de abogados que no se adapten a las nuevas tendencias.
¿Por qué el Estado debe protege a los yerbateros y no a los abogados?
Esta pregunta, que obviamente tiene un tinte sarcástico pone en sobre salto que un sector en crisis no es más importante que otro para acaparar las políticas del Estado.
La gran contradicción es que el Estado ha intervenido históricamente para proteger la rentabilidad de los yerbateros, pero deja a los abogados librados a su suerte. Si el argumento del sector yerbatero es que necesitan que artificiosamente se fije un precio por encima de lo que establece el libre mercado, es porque no es eficiente y por eso necesitan regulación, podría decirse lo mismo de la abogacía. Un abogado desde que comienza a percibir honorarios tiene toda la carga tributaria nacional y provincial, gastos fijos ineludibles como lo tendría un productor; pero si hiciéramos una reflexión objetiva deberíamos concluir que existen muchos otros sectores económicos que son invisibilizados y que tienen el mismo derecho a ser tenidos en cuenta.
Preguntas clave:
- ¿Por qué los yerbateros pueden exigir un precio mínimo mientras que los abogados deben competir libremente?
- ¿Por qué el Estado debería garantizar la rentabilidad de un sector y no del otro?
- ¿No debería fomentarse la reconversión en ambos casos en lugar de sostener artificialmente a uno de ellos?
Si se argumenta que la yerba mate es un sector estratégico para Misiones, también podría decirse que una justicia eficiente y accesible también lo es.
La solución: reconversión y adaptación
La verdadera salida para ambos sectores no es una regulación arbitraria, sino un proceso de modernización y diversificación:
✔️ Para los yerbateros:
- Incorporar tecnología para mejorar la productividad. (tokenización de su producto)
- Agregar valor con productos derivados en lugar de depender sólo de la venta de hoja verde y/o combinar la producción con otros usos y cultivos.
- Explorar nuevos mercados y canales de comercialización. (mercado de futuros)
- Aprender nuevas habilidades y modelos de negocio para independizarse de los grandes molinos.
✔️ Para los abogados:
- Especializarse en nichos donde la IA no pueda reemplazarlos (derecho penal, ambiental, corporativo, tecnología).
- Integrar herramientas digitales en su práctica para ser más eficientes y competitivos.
- Adaptarse a un modelo de negocio más innovador, como asesoría online y suscripciones legales.
- Aprender nuevas habilidades fuera del derecho tradicional, explorando alternativas dentro del ámbito legal y otras profesiones complementarias.
- Dejar de promover la carrera atento que lo único que hace es generar sub desocupados.
Tanto los abogados como los yerbateros enfrentan una crisis de sobreoferta que pone en riesgo su futuro. Sin embargo, mientras que los yerbateros han dependido del Estado para sostener su actividad, la abogacía ha quedado atrapada en un mercado donde la sobreoferta destruye los honorarios mínimos. Esto pone en debate hasta dónde debe llegar la intervención estatal y si la solución no pasa más bien por fomentar la reconversión productiva y de servicios en ambos sectores.
La clave no está en pedirle al Estado que sostenga mercados saturados, sino en que cada sector se adapte a las nuevas realidades. En una economía moderna, sobrevivirán aquellos que innoven y sepan evolucionar. Lo que antaño era una actividad eficiente hoy en o en el futuro puede no serlo si se sigue haciendo de la misma manera y en las mismas condiciones.
En todo caso, la responsabilidad del Estado está en sincerar el diagnóstico y dejar de buscar la solución rápida que solo es un parche, sino explorar de una vez por todas soluciones de fondo y que sirvan para los próximos 50 años.
¿Están el Estado, los yerbateros y los abogados listos para ese desafío?
Héctor Julio Franco
Abogado